Abogada Lorena Arias, representante de los familiares del buque Repunte.
La letrada que representa a los familiares de las víctimas del naufragio del pesquero Repunte, ocurrido el pasado 17 de junio, a 80 millas de las costas de Rawson, impugnó las pericias que Prefectura Naval Argentina había realizado sobre la balsa salvavidas a pedido del Juzgado 2 de la capital chubutense, donde se tramita el caso por el hundimiento, que hasta ahora se oficializó “NN Averiguación por causa de delito”.
De acuerdo con el testimonio de los dos sobrevivientes de la tragedia, los marineros Lucas Trillo y Julio Guaymas, el artefacto tuvo una avería al momento de desplegarse en el agua y no pudo ser ocupado por los 12 tripulantes, quienes terminaron saltando al mar esa mañana en que el buque entró en emergencia y a los pocos minutos se hundió.
La balsa, que no estaba vencida, fue recuperada en la costa días después del naufragio. Desde el congelador María Liliana, que acudió al rescate del Repunte, la divisaron e intentaron rescatarla pero, de acuerdo al testimonio de uno de los marineros, se quedaron con una de las manijas en la mano y siguió a la deriva.
“El informe es muy breve, necesitamos saber más detalles”, aseguró Lorena Arias, quien representa a los familiares en la causa penal que lleva adelante el juez Guillermo Lleral, proceso del que Ostramar todavía no es parte. “Pedimos que sea peritada nuevamente por la Armada”, adelantó la letrada.
Arias encierra una historia particular. Horacio Airala, maquinista del Repunte y cuyo cuerpo se encuentra todavía desaparecido, fue su padre de crianza y tiene dos hermanos menores. La semana pasada viajó a Rawson a presentar nuevas pruebas en la etapa de instrucción.
La causa ya tiene cinco cuerpos, de mil fojas cada uno. La Justicia busca determinar qué ocurrió esa mañana para que el pesquero de 32 metros de eslora, cargado completo con 2200 cajones de langostino, naufragara en medio de un fuerte temporal dejando como saldo tres fallecidos, siete desaparecidos y dos sobrevivientes.
“No solo eso, también queremos que se sepa qué paso a partir del minuto uno después del hundimiento”, dice la abogada a REVISTA PUERTO, en un café cercano a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí entra en escena el operativo rescate de Prefectura.
El objetivo de la querella es demostrar que hubo una cadena de responsabilidades que provocó el colapso del buque y también groseras fallas en el rescate de los tripulantes.
“El objetivo es aportar elementos para que se cambie la carátula y pase a Estrago culposo, la misma calificación que tuvo Cromañón o la tragedia de Once”, reveló Arias. La pena que contempla este delito es de 10 años de prisión.
El juez Lleral ya cuenta con la filmación completa del casco, tarea realizada por efectivos de la Armada a bordo del “Tango”. Son registros que se realizaron sobre el casco, sin ingresar en su interior, en una semana de filmaciones. Se espera que en breve se inicien las pericias de dicho material.
La tarea de la querella implica un enorme desafío, puesto que no hay jurisprudencia en la justicia argentina pese a todos los naufragios y a la larga lista de víctimas que se han registrado en el mar argentino desde principios del nuevo siglo.
“No hay antecedentes de naufragios que hayan llegado a sentencia penal”, reconoce Arias, en tanto destaca la tarea activa que está llevando a cabo el Juzgado Federal.
Roberto Garrone
Revista Puerto
