El gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal decidió echar a 58 policías que ocupan cargos jerárquicos en la Bonaerense por no presentar su declaración jurada de bienes. Es la mayor cantidad de cesanteados, de una sola vez, desde que asumió Cambiemos en la Provincia.
Además, se trata de una exigencia obligatoria para todos los funcionarios provinciales tras el Decreto 116 que firmó la gobernadora en abril. A raíz de eso, se fue ampliando el plazo para que todos los comisarios y subcomisarios comenzaran a realizar sus presentaciones. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad bonaerense que encabeza Cristian Ritondo detectó 58 casos en los que no se presentó ninguna documentación vinculada al patrimonio a enero.
La nómina de policías que dejarán de formar parte de la fuerza se compone de:
- 1 comisario mayor;
- 3 comisarios inspectores;
- 14 comisarios;
- 37 subcomisarios;
- 2 oficiales principales y 1 inspector.
Según fuentes oficiales, la gran mayoría se desempeña en el Conurbano, La Plata y Quilmes. Además de ello, fueron denunciados en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), para que puedan cotejar si hay denuncias sobre ellos.
La decisión, que se mantuvo en estricta reserva, se tomó en los últimos días tras una serie de reuniones en las que participaron Vidal, Ritondo, el jefe de Gabinete Federico Salvai, y el jefe de Asuntos Internos, el abogado Guillermo Berra. En la última, una reunión de seguimiento de gestión, aún restaban 129 policías de los que no constaba trámite alguno. Por ello, todos ellos fueron suspendidos cinco días en sus funciones con el correspondiente descuento en su salario. Fue en septiembre, luego de las intimaciones y las numerosas advertencias que realizó el Ministerio de Seguridad.
“¿No presentaron nada todavía? Hay que sacarlos entonces”, les dijo Vidal. Ritondo respondió que faltaba un último trámite: averiguar si, además de Asuntos Internos, habían realizado alguna presentación en la Escribanía de la Provincia. Efectivamente algunos lo habían hecho. De allí que la cifra final alcanzó a 58 policías. Los otros 71 serán sancionados por una falta grave: estaban obligados a presentar sus DDJJ en Asuntos Internos también.
Antecedentes. En este contexto, Berra, un hombre de máxima confianza de Vidal con quien trabaja desde 2008, cuando fue su director de Legal y Técnica en el entonces Ministerio de Desarrollo Social porteño, ya venía acumulando información sobre los sumarios administrativos para poder exonerar a quienes no presenten sus informes y que no haya ningún resquicio legal para que intenten regresar a la fuerza mediante un amparo y algún juez “permisivo”.
En este marco, tanto el ministro como los funcionarios de Seguridad, los viceministros Matías Ranzini (quien maneja el diálogo con los intendentes) o Tito Ventura Barreiro (quien tiene a su cargo las policías locales) suelen evitar la palabra “purga”. Aseguran que las purgas que se realizaron en el pasado no funcionaron y que, en todo caso, son reestructuraciones para sanear la fuerza. “No hay que enviar un mensaje, acá no hay caza de brujas, hay casos puntuales y concretos”, asegura Ritondo.
La reforma de la Policía Bonaerense fue uno de los temas más delicados que encaró Vidal no bien llegó a La Plata. Por ello tomó tres decisiones claves:
- Obligar a presentar las declaraciones juradas desde el rango de subcomisario en adelante. Un requisito inédito para la fuerza.
- Rearmar el esquema de Departamentales para achicarlas y rediseñar su funcionamiento. La frase genérica en Seguridad era: “Hay más caciques que indios”. Incluso había comisarios con funciones duplicadas, o varios superiores para un mismo jefe de calle.
- El pase a manos de un civil del jefe de Asuntos Internos y de la administración (Ignacio Greco). Es decir, el manejo de los adicionales (horas Polad), las compras y las plantas verificadoras de vehículos, donde se detectaron diversas irregularidades.
Que el pueblo eche a Macri por Panamá Papers .