La empresa The Old Fund, que para la justicia compró la imprenta Ciccone Calcográfica, era propiedad de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
El juez Ariel Lijo procesó a Boudou en 2014 por la compra de Ciccone a través de una empresa vinculada con su círculo de negocios y en ese caso el ex vicepresidente deberá ir a juicio oral y público. El mismo juez llamó a indagatoria a Boudou por otro caso de corrupción.
The Old Fund, una firma ignota y sin experiencia en el mercado de la consultoría y sin actividad comercial, antes de quedarse con Ciccone le había cobrado $7,6 millones a un ente de la provincia de Formosa por asesoramiento para la reestructuración de la deuda provincial con el Estado nacional.
Es decir que una empresa del por entonces ministro de Economía de la Nación -Boudou- había asesorado a Formosa para reestructurar la deuda que tenía esa provincia con la Nación. O sea que Boudou estuvo de los dos lados del mostrador.
El dinero de Formosa salió de las arcas del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), un ente que estaba a cargo de Jorge Melchor. Desde allí se hizo el pago que engrosó los bolsillos de Boudou, de su socio José María Núñez Carmona. La firma The Old Fund estaba representada en las negociaciones por Alejandro Vandenbroele.
En 2009, cuando Carlos Fernández era el ministro de Economía de la Nación, se firmó un acuerdo con Formosa. En julio de 2009 Boudou llegó al ministerio y en septiembre de ese año la provincia firmó un convenio con The Old Fund por el asesoramiento. Ya con Boudou como ministro en marzo de 2010, se firmó una Addenda al acuerdo.
El gobierno de Formosa utilizó al Fonfipro para el pago de la factura número 3 del talonario de The Old Fund. Esa factura -la primera, ya que las anteriores fueron anuladas- fue emitida el 20 de mayo de 2010.
Fue Melchor el funcionario que hizo, el 21 de mayo, la retención de $156 mil de impuesto a las ganancias por aquella operación. Ese mismo día The Old Fund cobró los 7,6 millones de pesos.
La causa por el negocio entre Boudou y Formosa fue cerrada con suma velocidad por la Justicia formoseña y luego se reabrió en la justicia federal porteña. Antes de unificarse con el Caso Ciccone y quedar en manos de Lijo, estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo. Cuando Rívolo en marzo de 2015 pidió las indagatorias de los imputados, señaló que “la maniobra delictiva consistió en la simulación de un asesoramiento profesional, que no fue en realidad tal, llevado a cabo en el marco real del proceso de reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa; con el objeto de percibir la suma de $7.667.161,30 pagada con fondos públicos de esa provincia, a través de la firma mencionada”. Para el fiscal, quedó demostrado que “la contratación por parte del gobierno formoseño de la supuesta consultora ‘The Old Fund’ era absolutamente prescindible en un proceso como el que se llevó a cabo…”.
En el expediente le preguntaron a todas las provincias de la Argentina si se había contratado a alguna consultora privada para asesorar en situaciones similares a la de Formosa y todas contestaron que no.
Lijo citó a indagatoria al ex vicepresidente, a su amigo y testaferro Núñez Carmona, a su empleado Vandenbroele y a Melchor. En la lista se agrega Martín Cortés, hombre de confianza del gobernador formoseño Gildo Insfrán que a través de una empresa cobró dos millones de pesos por la operación.
El juez no decidió aún si indaga a Insfrán y a quien era la encargada de Economía en Formosa cuando se hizo la contratación, la actual diputada nacional por el Justicialismo formoseño Beatriz Lotto de Vecchietti. Ambos avalaron la contratación de la empresa del ex vicepresidente.
Boudou tendrá que presentarse a una nueva indagatoria. Será el 19 de diciembre a las 10 de la mañana
