Así lo determinó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien aportó documentos que involucran al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. En el primero de ellos se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en el restante el secuestro y tortura de militantes comunistas.
Al momento de los hechos el fiscal revistaba como subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. Entre sus actividades se infiltró en reuniones de las Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Episcopal.
La (CPM) puso inmediatamente en conocimiento de los hechos a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense y solicitó su inmediata intervención. Ante la gravedad institucional del caso, solicitó su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones.
Durante la dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, Fernández Garello participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.
En relación a ese material, la (CPM) aportó documentos que involucran a Fernández Garello, entre otros agentes de la (DIPPBA), en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del mismo partido, el 23 de julio de 1981.
El entonces oficial subinspector participó tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.
Por otra parte, la (CPM) también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV. La delegación (DIPPBA) San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
Un examen de las 17 acciones de inteligencia del actual fiscal general de Mar del Plata registradas en el archivo de la (DIPPBA) permite identificar como rasgo principal de estas intervenciones el espionaje político y gremial. En este material aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, entre otros. También se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas. Estas acciones forman parte del proceder de la (DIPPBA) que operó como una suerte de policía política del estado terrorista.
Otro rasgo central y sistemático del accionar de la (DIPPBA) fue la infiltración sobre organizaciones sociales y poíticas; en ese sentido, Fernández Garello interviene en el informe que implicó para su desarrollo la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo. Se registran infiltraciones a cooperadoras escolares e incluso el seguimiento de una agencia de turismo que promovía como destino al Kremlin. En todo este accionar la búsqueda de “delitos de terrorismo” es el objetivo, entendiéndose como persecución del comunismo.
La gravedad de los hechos denunciados no sólo obliga a avanzar en las causas penales que se desprenden de estas acciones sino también requieren una respuesta política inmediata. Por ese motivo, la CPM solicita su juicio político al fiscal y que sea suspendido de inmediato en sus funciones.
La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado. Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo.
Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de lesa humanidad.
