Hacen falta cambios urgentes en el Patronato de Liberados

La sociedad reclama cambios urgentes y profundos en las instituciones y organismos públicos vinculados con la Justicia y la seguridad. La demanda se dirige a la legislación penal, las diversas instancias de administración judicial, la Procuración General, las fuerzas policiales y de seguridad, y los servicios penitenciarios de nivel nacional y provincial.

Algunos reclamos están siendo atendidos y se han puesto en marcha diversas medidas reparatorias. Pero la gravedad y diversidad de los problemas requiere más energía política para promover las reformas institucionales que los argentinos necesitamos. Son reformas destinadas a mejorar la calidad de nuestra vida cotidiana, garantizar la invulnerabilidad de nuestros derechos y salvaguardar las garantías constitucionales que nos protegen. El fenómeno conocido popularmente como “la puerta giratoria” refleja de modo gráfico y elocuente la enorme inquietud social que hay sobre el destino de los detenidos, el rigor de las leyes y la función de los responsables de administrar justicia.

En este sentido, un área que requiere cambios impostergables es el Patronato de Liberados Bonaerense. La verdad es que actualmente no cumple con su misión fundamental: aplicar planes y programas para el control, acompañamiento y asistencia de los liberados o tutelados. Vale destacar que el objetivo primordial del Patronato es favorecer la disminución del delito y la criminalidad y, por lógica consecuencia, contribuir a una convivencia social más pacífica.

Hay que enfocar los cambios en dos direcciones. Por un lado, el Patronato debe contar con un presupuesto que le permita desarrollar programas eficientes para ejercer un control estricto y vigoroso de los liberados, y que además le otorgue la capacidad operativa necesaria para asistirlos en todas las etapas previas y posteriores a la liberación. Es imprescindible que el sistema desarrolle planes eficaces para la contención familiar y comunitaria, y que se cumpla con la difícil tarea de lograr la reinserción social de los liberados. Sólo así se logrará prevenir las reincidencias delictivas y disminuir la criminalidad.

Por otro lado, es impostergable que se reformulen los mecanismos que protegen la integridad física, psíquica y profesional del personal que desempeña tareas en el Patronato. En muchas ocasiones no pueden cumplir satisfactoriamente su tarea de control y seguimiento porque no cuentan con la seguridad mínima para enfrentar los contextos de violencia, intimidación y amenazas con los que deben convivir cotidianamente en el ejercicio de su labor.

El punto anterior es primordial porque el deterioro en las relaciones humanas que vinculan a los profesionales del Patronato con los liberados se convierte, en algunos casos, en episodios de extrema gravedad. Ocurrió con la violación y asesinato de la asistente social Laura Iglesias, en mayo del 2013, que trabajaba en el Patronato de Mar del Plata, aunque vivía en Miramar. El autor del crimen tenía antecedentes penales por violación.

La realidad nos muestra que el Patronato está lejos de alcanzar mínimamente los objetivos que le dan sentido institucional, y que deben aplicarse reformas sustanciales para reorganizar sus misiones y objetivos. Vale mencionar que pueden tomarse ejemplos de instituciones similares de otros países que han desarrollado un sistema efectivo de control, seguimiento y asistencia comunitaria de los liberados.

Quienes tenemos funciones políticas debemos actuar con responsabilidad para proponer los cambios que se requieren, y debemos hacerlo en un marco de diálogo fluido, serio y fundamentado que finalmente se traduzca en soluciones concretas para los problemas que nos afectan.