Según la resolución de los fiscales el ex intendente Gustavo Pulti, su secretario de Desarrollo Productivo, Mariano Pérez Rojas y el ex titular de Economía y Hacienda Santiago Fernández, contrariando las observaciones formuladas por el contador General de la Municipalidad, que obran en la causa, incurrieron en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque “legalmente los ingresos debieron ser percibidos a través de la Tesorería municipal y las contrataciones debieron cumplimentar los requisitos legales y reglamentarios en materia de compras y contrataciones”.
Sin embargo la Asociación Civil “Desarrollo Estratégico” presidida por el ex titular de la UCIP, Raúl Lamacchia, secundado por el Pablo Federico Marteau como secretario, estuvo a cargo de “la comercialización y por lo tanto del ingreso y egreso de los fondos provenientes de los stands de las diferentes empresas participantes, como así también de los sectores gastronómicos y de los espacios y materiales publicitarios”. Como consecuencia de lo cual resultó beneficiada la misma percibiendo por las tres ediciones de la Expoindustra 2012, 2013 y 2015, un total de $ 10.800.000.
En su declaración testimonial, el concejal José Cano, en relación a las irregularidades constatadas, sin ambages aseguró que “todas las compras son indirectamente hechas por la Municipalidad y se debe seguir el procedimiento, en este caso no se cumplió y no se hizo concurso de precios. Los fondos no entraron a la tesorería y no se rindieron los gastos. Esto es un decálogo de lo que no se debe hacer”.
La Fiscalía pudo establecer, entre otras anomalías sobre la base de los elementos aportados por los declarantes y la documentación recabada, que “a 11 días del inicio programado para la tercera edición de la Expoindustria 2015, la Secretaría de Producción dio curso al trámite administrativo, sin incorporar la nota del 2 de enero mediante la cual la Asociación requiere un subsidio al intendente agregada luego a fs. 44, y tampoco fue incorporado al inicio del convenio anexo original, siendo este el motivo formal para la apertura del expediente”. Resaltando que “este hecho impidió que tanto el Procurador municipal Mariano Perticarari, como el subcontador Osorio, consideraran la posible existencia de erogaciones de dinero por parte del municipio al emitir los dictámenes”.
Perticarari, al prestar declaración testimonial refirió: “cuando yo tomé intervención en enero de 2015, de lo que se me consultaba era sobre un proyecto de convenio, había un informe del Secretario de Producción y una ordenanza que aprueba un convenio marco”. Agregando que “opiné que no había objeciones legales ya que no surgía del mismo el desembolso del dinero o erogación que el municipio tuviera que hacer”.
Finalmente destacó que “si hubiese sabido de la erogación dineraria tendríamos que haber manifestado las precauciones sobre el tipo de gastos o la forma en que se iban a utilizar los mismos, conforme a la LOM”.
Roberto Latino Rodríguez
