Calificar a Milagro Sala como una presa política no sólo es desconocer las causas que pesan contra ella y la naturaleza de las imputaciones, sino también es mirar para otro lado respecto del crecimiento en estos últimos años de organizaciones que intermedian entre los estados provinciales y el poder central. Las hay en todas las provincias, pero en este caso se ve con total claridad en Jujuy: una organización barrial que firmaba convenios y administraba recursos públicos reemplazando -y en ocasiones también anulando- al estado Provincial.
De este modo se explica que hayan 30 convenios relacionados con Sala y su organización Túpac Amaru en Jujuy que no pueden demostrar el destino del dinero que recibieron, por una cifra cercana al 1.700.000 pesos; además de los 29 millones que denunciara el Gobernador Morales, que parecen ser solo el comienzo de otras causas penales que irán apareciendo.
A la corrupción se le suma la violencia. Sala está imputada por “instigación a cometer delitos y tumulto en concurso real”, además de los antecedentes que posee de daño agravado y amenazas, en causas de 2011 y 2014. Entre los fundamentos de la Fiscal Liliana Fernández de Montiel para su detención se califica su comportamiento procesal como “desafiante ante el cumplimiento de la Ley”, además de mencionar un certificado médico apócrifo y los incumplimientos de todos los compromisos asumidos ante la justicia, y concluye: “…la clara evidencia de que la conducta antijurídica de la imputada Sala persiste, impone hacerla cesar impidiendo que las consecuencias de los ilícitos en curso, cuya investigación solicitó el Ministerio Público Fiscal, se concreten en mayores perjuicios…”.
El gobierno de Gerardo Morales no utilizó un método antijurídico, ni fue tras Milagro Sala por razones políticas. Lo que hizo fue poner a funcionar, con decisión política, los resortes de la justicia, y será esta la que determine el futuro de la dirigente de “La Túpac”. La ocupación violenta de espacios públicos, el amedrentamiento a testigos, las presiones indirectas y la malversación son comportamientos que sí se basan en el desprecio por la legalidad y el sistema jurídico. Estas prácticas no están del lado de Morales, sino de la imputada, que tendrá todo el derecho que le asiste a defenderse. Dejemos bien claro dónde se para cada uno, porque si no confundimos todo.
La definición de que Milagro Sala es la “presa política de la derecha” es un desborde del discurso de algunos que ven al país cambiar, y temen. Leer en esa clave los hechos hará que cualquier avance de la justicia y del Estado de derecho en la corrupción enquistada sea un abuso de poder. Ese también fue el discurso que escuchamos sobre Schoklender, hasta que decidieron abandonarlo y construir la teoría del traidor que se desvió solo del camino.
En cualquier república se deja actuar a los poderes. La justicia debe trabajar sobre los hechos, porque los hechos existen, y van más allá de las ideologías. Dejemos que los hechos hablen.
Maximiliano Abad
