La basura: otra de suspenso, pero ésta, aún sin prófugos; ¿hay sobreprecio del 100 %?

El nuevo contrato de la recolección de residuos con la empresa 9 de Julio equivale a un 2500 % de aumento en 10 años,  de $ 2.000.000 en 2005 a $ 50.000.000 en 2016. Este es el “módico” contrato que con “anuencia”  Pulti y Arroyo labraron durante la transición.

Hugo Moyano el día de su cumpleaños número72, no quiso ver a su ciudad natal tapada de basura y habló con Arroyo, una charla que se encargaron de ventilar desde el propio Sindicato de Camioneros. Se reflotará a cambio el destino del polémico uso del chalet que pretenden los hombres de Moyano para ampliar su hotel que originó terribles disputas. El “Momo” Venegas de enorme influencia sobre el intendente Arroyo, también metió sus bazas en las últimas horas, para buscar una salida airosa.

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Pero además de los valores de los últimos 10 años, han surgido otros elementos que reducen el costo de la prestación del servicio: separación en origen de orgánicos e inorgánicos,  el crecimiento geométrico de CIAGESER, empresa subsidiaria de la 9 de Julio, que monopoliza (sin que medie licitación pública) el servicio de contenedores para residuos en vía pública y ahora la contenerización que contempla la nueva licitación adjudicada por el gobierno anterior, cuyo contrato es el eje de la disputa y del dinero que hay sobre la mesa para el Sindicato de Camioneros y la empresa 9 de Julio.

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Este paquete  que hace a la metodología de trabajo y a su control por parte de la Municipalidad, permite una reducción de costos de operación del servicio, que especialistas en la materia estimaron en un 50 %, con lo cual en conjunto estaríamos hablando en principio de un sobreprecio que oscila en un 100 %, en el contrato de mayor erogación de la Municipalidad, por lo menos desfinanciada, según lo han denunciado pública, periodística y penalmente el doctor Carlos Arroyo y el contador José Cano. Este cuadro de situación obligaría a una revisión total de lo actuado, para fijar nuevas reglas de juego, que descompriman la situación y no acentúen la asfixia económica – financiera de la Municipalidad.

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¿Qué se habilite especialmente el Banco de la Provincia para que cobren los camioneros? ¿Qué se conozca una vez sucedido, sin anuncio previo? ¿Qué se haya lanzado un paro por tiempo indeterminado? ¿Qué se rechace una conciliación obligatoria? ¿Qué trascienda una comunicación entre el intendente Arroyo y Hugo Moyano? ¿Que el intendente municipal, dispuesto a resistir,  alerte a los vecinos ante al agravamiento del conflicto? ¿Por qué no se destacó (como correspondía) la gestión de José Cano y Alejandro Vicente? Demasiados interrogantes, innecesarios, sino existiere una verdadera cuestión de fondo, que no tiene nada que ver con lo que se observa en la superficie, lo cual es lo más probable.

Se estima que la MGP tiene 700 proveedores con atrasos en los pagos. La empresa 9 de Julio no sólo es la que menor plazo de demora registra, sino que además recibió adelantos a cuenta de servicios que no prestó,  de manera sistemática. Lo cual habla de su precariedad financiera.