“Existe un encubrimiento desde el Gobernador de la Provincia Aires hasta la Presidente de la República con respecto a Jorge Paredi, intendente del Partido de Mar Chiquita, y como si fuera poco se suma el encubrimiento del Poder Judicial porque lo están beneficiando con el chicaneo y todas las medidas irrisorias, que solicitan en el expediente, teniendo yo la escritura pública que acredita que soy el propietario del lote expropiado”, aseguró José Domingo Cappellacci a mdphoy.com, quien para respaldar su denuncia pública, proporcionó a este medio, copias de la documentación obrante en expedientes judiciales y de declaraciones testimoniales prestadas, en el marco de los frentes abiertos en sede judicial.
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Acto seguido, poniendo la mira en el mandatario provincial y candidato presidencial por el Frente para la Victoria, afirmó que “Scioli tiene que ver con respecto a la situación generada. Porque yo lo había puesto en conocimiento de los hechos, mediante dos cartas documento que nunca fueron contestadas. Lo intimé a dejar de girarle fondos al Municipio pero siguió haciéndolo, permitiendo que un personaje, que deja mucho que desear, se hiciese cargo del pago de las expropiaciones sin pedirle rendición de cuenta alguna”.
Carta a documento enviada al Gobernador Daniel Scioli.
Entre la documentación aportada, Cappellacci facilitó una copia de la carta documento que remitiera a la presidenta de la Nación, el 1 de julio de 2013, señalando que “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner está notificada para que sepa como manejan los fondos porque le estoy advirtiendo que le están dando fondos públicos a un ladrón. Y ella me contesta, a través de una nota fechada el 5 de julio de 2013, que firma la Directora de Documentación Presidencial Mariana Larroque, que mi carta había sido derivada a Programas de Gobierno. Pero la respuesta no me satisface porque ya han pasado dos años y no me solucionó el problema”.
Trae a colación que “la obra de construcción de doble calzada y repavimentación de la Ruta Provincial 11, en el tramo rotonda Santa Clara del Mar- Arroyo La Tapera, fue financiada íntegramente por el Estado Nacional, por lo cual el Municipio de Mar Chiquita, a cargo de su jefe comunal Jorge Paredi, percibió la suma de $ 43.857.860, y hasta la fecha estoy esperando que se dignen a depositar el pago pendiente del segundo terreno en el Juzgado donde se tramita la quiebra. Ese dinero es de los acreedores de la quiebra a la que ellos me llevaron”.
Carta a documento enviada a la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
“Mi caso -aseguró – se repite por lo menos en siete casos que conozco. El pago se conformó de acuerdo a la cláusula 7 del Convenio 47/49 entre el Municipio y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual el primero se comprometió a liberar la traza asumiendo los gastos que la gestión demande, incluidas las expropiaciones. Claro está que dichos gastos serían abonados con el financiamiento del Estado Nacional que recibió Paredi”, acotando que “en el expediente en cuestión, el lote está seriamente afectado por la traza del camino interno, motivo por el cual Vialidad informó sobre la necesidad de la expropiación del mismo”.
El denunciante, indicó también que “ante el Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Mar del Plata he efectuado el correspondiente reclamo de pago de dicho bien inmueble, tal como corresponde, contra el Municipio, Vialidad y la Provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que los afectados, y me incluyo, no sabemos qué destino se le dio a la suma de $ 43.857.860, lo que motivó la presentación que efectué ante la Auditoria General de la Nación, solicitándole que se investigue; y dejando constancia, asimismo, que quienes detentaban un inmueble por boleto de compraventa conforme la legislación vigente, no podían percibir la indemnización correspondiente a la expropiación”.
Respuesta de la auditoría General de La Nación.
No obstante, además de exponer los hechos a la Auditoria General de la Nación, Cappellacci los plantearía ante Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El Dr. Ricardo M. Sánchez, Secretario Legal y Constitucional del organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público, le comunicó mediante nota fechada el 8 de agosto de 2013, “se le ha dado intervención al área técnica correspondiente a los fines que tome en consideración su escrito como antecedente de sus labores de auditoría, si es que el Plan de Acción Anual (que fija el Congreso) incluyera la revisión de los fondos con que se financia la obra”.
Respuesta de la Presidente al denunciante José Cappellacci.
En tal sentido afirmó que “tengo tres frentes abiertos. El contencioso administrativo, reclamando lo que es mío; una denuncia penal por retención indebida de fondos destinados a la expropiación y una quiebra que ellos mismos me ocasionaron”, recapitula, resaltando que “hace cinco años que sigo quebrado y alguien se va a tener que hacer responsable. Hay encubrimiento de la Presidenta que esta notificada, del Gobernador que también está al tanto, y de la Justicia por demorar. Además está en pleno conocimiento la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y sí es necesario voy a recurrir a la Suprema Corte de la Nación. Estoy reclamando lo que es mío, lo que me robaron y el daño que me ocasionaron con una quiebra a cuestas”.
A modo de corolario destacó que “con estos políticos, los ciudadanos nos encontramos en terapia intensiva, esperando todavía el alta para poder seguir trabajando dignamente. Debemos cuidarnos por el alto índice de inseguridad y de los funcionarios políticos y magistrados que siguen encubriendo a sus amigos, haciendo de la Justicia un Poder dependiente del Poder Político de turno, violando la Constitución Nacional y los Derechos que nos pertenecen”, sentenciando acto seguido que “Daniel Scioli no es capaz de gobernar la provincia y menos va a poder gobernar un país. No está capacitado, las pruebas de que no es capaz de solucionar los problemas de los bonaerenses están a la vista”.
Roberto Latino Rodríguez
