Esta semana, el Foro de la Construcción de Mar del Plata, a través del arquitecto Norberto Cánepa, denunció ante los medios locales que “desde hace varios meses la empresa Camuzzi Gas Pampeana ha condicionado la habilitación de nuevas conexiones a la firma de un compromiso que obliga al usuario a pagar y llevar a cabo la construcción de un tramo de la obra de refuerzo del gasoducto Tandil-Mar del Plata. Se trata de una obra millonaria que pasará a conformar el patrimonio y capital de la empresa y que, como toda obra de infraestructura, debería ser realizada por la empresa prestataria del servicio y no del usuario”.
Por su parte, José Rigane, Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, aseguró que “vemos que una empresa privada, que por ley debe garantizar el servicio, exige a los usuarios hacer las inversiones necesarias. Sin embargo, ese mismo criterio no lo tienen para invertir en la Repotenciación de la Central Eléctrica 9 de Julio de Mar del Plata para la continuidad y el desarrollo del servicio”.
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Asimismo Rigane aclaró que “los habitantes de Mar del Plata y zonas aledañas estamos nuevamente siendo víctimas de la extorsión y la impunidad con la que se manejan las empresas distribuidoras de gas y electricidad. Tanto Camuzzi Gas Pampeana, como EDEA SA –perteneciente al grupo de Camuzzi- están presionando para que seamos nuevamente los usuarios los que abonemos las inversiones que ELLOS deberían hacer para mejorar la capacidad del servicio de distribución de energía”.
Y agregó que “la historia vuelve a repetirse. Entonces si los usuarios deben pagar las inversiones que debe hacer Camuzzi para obtener el beneficio, que EDEA SA pague la Repotenciación de la Central 9 de Julio porque será la principal beneficiaria”.
No obstante el dirigente sindical expresó que “en el 2007, la empresa Camuzzi fue beneficiada por el Concejo Deliberante de General Pueyrredon cuando se le condonó una deuda de 16 millones de pesos (en concepto de Derechos de ocupación y uso de Espacios Públicos). A cambio, la empresa debía realizar la conexión de gas hasta Sierra de los Padres (una obra de 2 millones de pesos de inversión) y elaborar un proyecto de alimentación para la Zona sur del partido. Sin embargo, la obra de gas llegó sólo hasta el ingreso a la Sierras y cada usuario debía pagar la conexión desde su casa. La justificación en aquel momento fue la misma: que de esta manera evitaban que esa tarifa sea pagada por cada usuario”.
Acto seguido manifestó que “estas empresas privadas y multinacionales de distribución de energía cuentan además con privilegios que les otorgan beneficios extraordinarios: usuarios cautivos por tratarse de un monopolio, la “tarifa estacional” donde cobra por no usar el servicio y los “suministros conjuntos”: el ex gobernador Felipe Solá facultó a las empresas y cooperativas eléctricas a cobrar hasta 6 mil pesos por cada departamento a construir en un mismo terreno, sólo para realizar la conexión de obra. Es decir que si el plano dice que se construirán 5 departamentos, la conexión costará 30 mil pesos, en vez de 225 pesos que cuesta para una vivienda única”.
En tal sentido señaló que “a pesar de que la ley establece que deben ser las empresas distribuidoras las que deben invertir en infraestructura para mejorar la calidad o la demanda de las ciudades, somos los usuarios eléctricos los que desde 1999 pagamos el 6,5% del total del consumo en impuesto para obras. Entonces, EDEA o CAMUZZI nunca invierten y le piden al Estado o a los usuarios que se hagan cargo de esos costos”.
Rigane concluyó: “estas empresas reciben millonarios subsidios del Estado, poseen una rentabilidad incalculable y gozan de la falta de control por parte de las autoridades políticas. Por eso exigimos que sea EDEA SA quien invierta el dinero necesario para repotenciar la Central Eléctrica 9 de Julio y poder satisfacer la demanda de consumo que tiene esta ciudad, con más de 700 mil habitantes y millones de turistas”.
