No es haber descubierto la pólvora afirmar por estos días que la lucha tanto del Estado Nacional como de los provinciales, especialmente en los distritos de mayor concentración poblacional, viene acumulando fracaso tras fracaso al punto de que ya hasta parecería que se han bajado los brazos desde los sectores políticos con responsabilidades de gobierno y salvo algún que otro tímido intento de modificar la situación hace parecer que han agotado la imaginación en cuanto a enunciar y poner en marcha propuestas que puedan ayudar ante la gravísima realidad que afecta a los ciudadanos argentinos cuyo clamor escuchamos día a día.
También es una realidad palpable que la lucha contra la inseguridad pública comenzó a perderse cuando con intenciones aviesas de hacer pagar a las fuerzas policiales argentinas y por sobre todo a la de la provincia de Buenos Aires, viejas culpas reales o supuestas entre las que se incluía la lucha contra la subversión aportando su mayoritaria cuota de víctimas de dicho flagelo con efectivos muertos o mutilados, a partir de las mal recordadas reformas policiales en las principales fuerzas provinciales, en las que se vulneraron derechos constitucionales primarios para con miles de efectivos policiales en contrario de las garantías que nuestra Carta Magna asegura a los habitantes de este suelo perjudicando a miles de numerarios que en muchos casos nunca supieron el motivo por el que fueron incluidos en “purgas” propias de gobiernos dictatoriales todo ello ocurrido en plena vigencia del estado de derecho y gobiernos democráticos. Hechos de los que salvo nuestra Asociación nadie parece recordar y que ponen a los partidos políticos argentinos en una vergonzosa posición, ante la responsabilidad que les cabe de ser precisamente garantes del respeto a esos derechos.
No menos conocido es también por estos días que la infinidad de candidatos a disputar cargos ejecutivos en las próximas elecciones primarias y generales a llevarse a cabo en los principales distritos del país, y especialmente en nuestra provincia, se esfuerzan por exponer en los medios de difusión que puedan encontrarse a su alcance sus propuestas a ejecutar en caso de acceder a los cargos disputados, entre los cuales y seguramente debido al reclamo social, no pueden menos que hacer mención a “su preocupación” por la inseguridad pública aunque siempre cuidándose de mencionar generalidades en lo que respecta a las medidas puntuales que tomarían en caso de ser elegidos.
Pero lo que realmente llama la atención, al menos a quienes conocemos algo de la cuestión y desde hace mucho tiempo venimos reclamando sobre el tema es como invariablemente eluden hacer mención alguna sobre un tema tan importante para cualquier sistema de seguridad como lo es en primer término los errores cometidos contra la Institución Policial y sus integrantes, el desguace institucional, de su cada vez más notable carencia de formación profesional, el reparto de ascensos “a la marchanta” que fomentan el desánimo. El incumplimiento a las leyes que regulan este trabajo, la anarquía establecida en los escalafones que hace incierta la carrera policial, el desorden administrativo generalizado, y la alocada creación de dependencias a los solos fines propagandísticos que llevan a un desempeño sin coordinación, de extrema desprofesionalización, y por ende lejos de poder cumplir con la misión que se le requiere, por citar solo algunos ejemplos.
De todo eso, de si respetarán o no para con los empleados policiales los derechos que la Constitución Nacional y las Leyes garantizan a todos los demás trabajadores argentinos, de regularle jornadas lógicas de trabajo sin exceso de carga horaria, de pagarle sus haberes totalmente en blanco, de proveerlo del debido respaldo legal para que pueda cumplir con su cometido como brazo armado de la justicia y garante de la paz social, entre otras cuestiones largamente olvidadas, nadie, es decir ningún candidato hasta el momento ha dicho una sola palabra y por supuesto tampoco ningún profesional de la información ha avanzado ni un milímetro en sus preguntas sobre algo tan elemental a tener en cuenta si de verdad se quiere al menos comenzar a hablar de un programa de seguridad pública serio y responsable.
“La seguridad pública es posible siempre y cuando se tengan en cuenta los derechos de los trabajadores policiales” es el eslogan de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASSIP), de la cual forma parte APROPOBA, pero como bien queda reflejado en la realidad que vivimos y no solo en este comentario casual, de eso no se habla.
Miguel Ángel Reynoso
Secretario General
