La controversia institucional, que orbita desde hace una semana, alrededor de la legitimidad de los pedidos de licencias oportunamente otorgados a los ediles radicales Maximiliano Abad y Mario Rodríguez, descuella en el orden del día a tratar, en la reunión de este lunes, por la Comisión de Legislación.
“Si hubiera habido un tema grave no teniendo que estar Quevedo en la banca, hoy todos, en alguna medida, estaríamos envueltos en un gran escándalo”, comentó en off, un edil al cabo de una semana que tuvo al Concejo Deliberante ensimismado en sus disputas domésticas.
La tardía inquietud, aunque más vale tarde que nunca, de la martillera Roxana Morrone, primera candidata suplente de la lista compartida por la UCR y el denarvaísmo en las elecciones del 2011, por tomar conocimiento del “el procedimiento reglamentario del HCD a fin de sustituir a un concejal en ejercicio, frente al pedido de licencia del mismo”, desataría un nuevo escándalo doméstico, que pondría al bloque de la Unión Cívica Radical en el banquillo de los acusados.
Para demostrar que la habían puesto en conocimiento de los pedidos de licencia en cuestión, los boinas blancas aportarían un acta notarial, en la cual el escribano José Ignacio Gutiérrez dejó constancia de la conversación almacenada en el teléfono celular del segundo concejal suplente Gonzalo Quevedo de la lista radical-denarvaísta, y del registro de una llamada efectuada y almacenada el 16 de abril, el mismo día de la 1º sesión ordinaria, con el nombre de Roxana Morrone.
Pero el resto de las bloques desestimarían la prueba. Incluso la presidenta del bloque de Acción Marplatense Claudia Rodríguez, como una ingenua quinceañera engañada por su novio con su mejor amiga, acusaría a los radicales de “haber abusado de la confianza del resto de las bancadas”. Las cuales convalidarían con su voto, en sendos plenarios, los decretos de quien, a la sazón presidia el Cuerpo, el radical Nicolás Maiorano, en virtud de los cuales se autorizaban las respectivas licencias solicitadas por sus correligionarios Maximiliano Abad y Mario Rodríguez.
Más aun los tres decretos presidenciales serían cohonestados, en la Comisión de Legislación. Por entonces presidia la misma, el actual Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Ariel Ciano, a quien la “confianza”, también, le jugaría una mala pasada al momento de la convalidación dichos decretos.
De esta manera el 19 de enero último, los integrantes de la Comisión de Legislación convalidarían el “decreto nº 280 de fecha 22 de diciembre de 2014, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se concedió licencia al señor Concejal Maximiliano Abad por el día 22 de diciembre de 2014, incorporándose en su reemplazo al señor concejal suplente Gonzalo Pedro Quevedo”.
También el mismo día, convalidaron el “decreto nº 287 de fecha 29 de diciembre de 2014, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se concedió licencia al señor concejal Mario Alejandro Rodríguez por el día 30 de diciembre de 2014, incorporándose en su reemplazo al señor concejal suplente Gonzalo Pedro Quevedo”.
Y el 30 de marzo último, la Comisión presidida por el Dr. Ciano convalidaría, o quizás cupiera decir que haría profesión de fe, depositando cándidamente la confianza – esa que mata al hombre y hace de su mujer, una viuda-, en el decreto presidencial nº 83, dictado por Maiorano el 11 de marzo de 2015, “mediante el cual se concedió licencia al Concejal Maximiliano Abad por el día 12 de marzo de 2015”.
Así las cosas, sí los boinas blancas pecaron por su desprolijidad en materia de procedimientos administrativos, el resto de las bancadas y particularmente el oficialismo que, por entonces, timoneaba la Comisión de Legislación y al igual que el capitán del Titanic tampoco vio el iceberg, debieran también, purgar el pecado de haber “confiado” en demasía. Unos por “desprolijos” y otros por “confiados” pero a todos los envuelve el escándalo…
Roberto Latino Rodríguez
