El monto de la defraudación a la administración pública ascendería a $ 3.222.189, en función de la detección de un total de 7.031 licencias de conducir otorgadas irregularmente. De las cuales 1647 corresponderían a la categoría privadas y 5384 a la categoría profesional. Según se desprende del dossier extraoficial, que manos anónimas deslizaron por debajo de la puerta de la oficina del concejal José Reinaldo Cano, quien en representación de la bancada de Agrupación Atlántica, integra la Comisión de Seguimiento del affaire de las licencias de conducir apócrifas.
Se trataría de un resumen del informe de auditoría, que comprende el período que se extiende del 23 de septiembre de 2011 al 7 de abril de 2014.
En la etapa administrativa de inicio de trámite, se habrían computado 566 casos en relación a “contravenciones y multas pendientes de pago”. En lo que respecta al examen médico, se habrían detectado 56 casos vinculados con situaciones de “falta de revisación psicofísica, solicitud de junta médica no cumplida y firma adulterada”.
La cantidad de exámenes teóricos “aprobados por agentes no correspondientes al área”, ascendería a 811 casos. En lo concerniente al examen práctico, se habrían verificado 6.439 casos vinculados a irregularidades “por vehículos que no coinciden con la categoría que se aprobó, sin rendir, vehículos con dominio inexistentes”. Y en la instancia de finalización del trámite, se habrían detectado 19 casos en los que se habría verificado la “falta de pago municipal”.
