No permitamos la judicialización de vecinos de Mar Chiquita

En el marco de la creciente criminalización de la protesta social en todo el país, el partido de Mar Chiquita en la provincia de Buenos Aires, no escapó a esta práctica.

En la localidad de Santa Clara del Mar durante el verano del 2014 se impuso un sistema de cobro de estacionamiento medido en una franja costera de esta localidad y en la costa de Camet Norte.

La medida recibió el rechazo generalizado de vecinos permanentes y turistas debido a que fue absolutamente claro que tenía un objetivo meramente recaudatorio por cuanto no solo no ofrecía nada a cambio sino que estaba plagada de irregularidades.

Los promotores de este estacionamiento medido, el Intendente Paredi y su bloque –mayoritario, por aquel entonces, de concejales del Frente para la Victoria- lo impusieron sin dar explicaciones a nadie.

Entre los puntos oscuros del que para algunos fue un fraude, para otros un negociado y para el conjunto de los vecinos y turistas una descarada “metida de mano en los bolsillos”, se encontraban: el que el Concejo Deliberante facultara al intendente a adjudicar de manera directa (sin licitación y sin que pase por el Concejo Deliberante) la explotación del cobro de esta nueva tasa a la firma privada que él dispusiera; que la empresa que recibió este “regalito” no contara con ningún tipo de experiencia en esta tarea; que esta empresa fuera creada el mismo día o en los días previos a resultar beneficiada con la adjudicación; que entre los integrantes de la firma figuraran un abogado asesor de la municipalidad de Mar Chiquita y un funcionario de tránsito de esta misma municipalidad; que originalmente la tarifa se fijara en $25 por vehículo y daba lo mismo que se tuviera que estacionar 10 minutos o todo el día.

La protesta, ante semejante arbitrariedad, no se hizo esperar y fue convocada y encabezada por la Asamblea Popular y Ambiental de Mar Chiquita, una entidad de hecho que aparece cuando se producen medidas muy injustas y que atentan contra las localidades del partido de Mar Chiquita y sus habitantes.

Tras las primeras protestas públicas los funcionarios decidieron fraccionar el cobro que establecieron en $10 para quienes estacionaran durante la mañana y $15 para quienes lo hicieran por las tardes.

Ante el descontento vecinal el gobierno de Paredi trató de defender la medida a través del falso argumento de que venía a ordenar el tránsito. Tal vez es cierto que el tránsito estuvo más ordenado pero fue debido a que la gente se iba, abandonaba indignada nuestra costa cuando se le pretendía cobrar esta tarifa de estacionamiento.

Las protestas fueron 4 y estuvieron acompañadas por cientos de vecinos, turistas y vehículos.

Los responsables del atropello recaudatorio no daban la cara, incluidos los 4 concejales de la costa que habían levantado su mano a favor de este despropósito del intendente.

El Delegado de Santa Clara del Mar y el Inspector Urbano de la Costa recibieron a parte de los vecinos que protestábamos y hasta recibieron nuestros petitorios pero no podían dar ninguna explicación. Argumentaban desconocer el tema del estacionamiento medido señalando que provenía directamente del Intendente y había sido aprobado en el Concejo Deliberante, justamente por los ediles “levantamanos”.

La última protesta pública fue el día 22 de enero del año pasado. Se concentró frente a la Delegación Municipal, se solicitó la presencia de los concejales que habían votado la ordenanza del estacionamiento medido para que explicaran por qué lo habían hecho. Se aguardó la presencia de los mismos 40 minutos. Como no se hicieron presentes se decidió ir a los lugares a donde pudieran encontrarse a ofrecerles el megáfono y la posibilidad de explicar su voto a favor de esta medida que perjudicaba al conjunto de los santaclarenses al afectar al turismo. Finalmente la protesta culminó con un momento de corte parcial de la ruta 11 en el arco de entrada adonde nos acompañó la policía, que fue testigo de que todo se hizo en forma ordenada y adonde nos hicieron notas distintos medios, entre ellos canal 8 de la televisión de Mar del Plata, que pasó la nota en sus noticieros.

A esta última protesta le continuó una inusitada y exagerada reacción persecutoria por parte de los funcionarios y concejales del intendente Paredi contra 5 asambleístas algunos de los cuales encabezamos las protestas. La finalidad del gobierno comunal era sacar de una vez, pronto, lo más rápido posible, la protesta de la calle para poder continuar “haciendo caja con el cobro del nuevo impuesto”.

Días después de la protesta el Concejo Deliberante se reúne en sesión extraordinaria en el Club Las Chilcas, de Vivoratá, y emite una resolución donde se pretende criminalizar la protesta y judicializar a quienes intervinieron en ella, principalmente a Jorge Gómez, que es el único que figura con nombre y apellido en la mencionada resolución. Este instrumento que nos hace acordar a los períodos más oscuros de la época de la represión en la argentina, cuando no se podía pensar distinto, opinar, quejarse o protestar fue votado a favor por los concejales del Frente para la Victoria y el Concejal del Frente Renovador.

Nos llegaban comentarios de que los funcionarios nos habían realizado denuncias penales por considerar que la protesta había sido violenta, vandálica y otros adjetivos más, todos cargos falsos, pero recién hace unos meses supimos que la denuncia existía realmente, fue cuando nos citó el juzgado de Mar del Plata para realizar las instancias de mediación que evitaran el juicio.

Entre septiembre y diciembre concurrimos a las 3 instancias de mediación donde los acusadores: el delegado municipal Leone, el Inspector Contardo y los concejales Ricardo Del Curto, “Juancho” Orensanz y Mariel Pérez demostraron su escasa voluntad de llegar a un acuerdo ya que casi no asistieron, sólo dos de ellos se presentaron en una sola ocasión. Asimismo nos solicitaron que, para archivar la causa debíamos “retractarnos públicamente de lo que habíamos realizado, es decir por la protesta, y pagar $7000 por la rotura de un vidrio”, cuando ninguno de nosotros nunca rompió un vidrio, tiró ninguna piedra, nunca insultamos ni amenazamos a nadie, ni se golpeó a nadie. Por supuesto rechazamos estos pedidos ya que aceptarlos hubiera significado considerar que cometimos hechos que nunca hicimos y declararnos culpables cuando en realidad somos inocentes.

El expediente adolece de groseros disparates, contradicciones y errores injustificables por lo que nuestros abogados del “Estudio Romanín y Asociados” decidirán las contrapresentaciones que se realizarán; y que -como vecinos costeros de Mar Chiquita y asambleístas- quedemos exentos de toda culpa ya que fuimos judicializados por protestar por una causa justa y por enfrentar intereses espurios del poder, de tipo feudal, de Mar Chiquita.

Asimismo nos reservamos el derecho de plantear una querella a los cinco funcionarios de Paredi que nos persiguen con estas causas, por falsas denuncias, daños y perjuicios.

Pablo Aceto