El 24 de julio de 1958 el presidente Arturo Frondizi anunció “la batalla del petróleo”. Piedra fundamental de su política de desarrollo basada en la industrialización, la sustitución de importaciones y un enfoque político cultural nuevo y distinto para encarar la problemática argentina todavía atada al esquema agro importador del pasado.
Por entonces, de unos 14.000.000 metros cúbicos de petróleo que consumimos, 10 eran importados. El incremento de la industria liviana como consecuencia de la última guerra, nos hacía dramáticamente independiente de insumos como energía, siderurgia, que absorbían las divisas generadas por las exportaciones, creando crisis económicas que terminaban con los ajustes ortodoxos de siempre. Con las consecuentes secuelas de atraso, miseria y desencuentros.
En 1958 las reservas en el Banco Central no llegaba a los U$S 300.000.000 y sólo la importación de petróleo requería unos U$S 230.000.000. No había opción. Y Frondizi toma una decisión histórica, explotar lo que yacía en nuestro subsuelo. Simultáneamente impulsar industria como el acero, la petroquímica, la producción automotriz, máquinas herramientas, infraestructura y todo lo realizado en menos de cuatro años de gobierno con una oposición cerril y 36 planteos militares.
Mediante 16 contratos de obras y servicios con empresas independientes del cartel petrolero, YPF logró el milagro del autoabastecimiento en menos de tres años contra la opinión generalizada y en casos interesadas de los expertos, fortaleciendo como nunca la empresa estatal.
Frondizi a través de la ley 17.319 le dio a YPF la dirección y responsabilidad total de la política petrolera. Previa declaración de la propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación de todos los yacimientos, reconociéndole a las provincias participación en el goce de los beneficios producidos por la explotación.
Lo que desmiente la falacia de que su gobierno entregó el petróleo. Argumento aún sostenido por quienes no reparan en lo ocurrido en la década del ´90 y tristemente sigue ocurriendo, no sólo con el petróleo sino también con la minería, los bosques y demás riquezas naturales que por el artículo 124 de la reforma constitucional surgida del pacto de Olivos se cedieron a las provincias, en un mal entendido federalismo desintegrador, que no se da en ningún lugar del mundo.
La batalla del petróleo fue un innegable avance para el desarrollo estructural del país, única forma de distribuir riqueza, y emblema de política nacional.
Antonio Pereira
Ex diputado nacional
Miembro informante de la Comisión de Diputados sobre los contratos.
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