Adviértase que hablo en singular: “la Policía de la provincia de Buenos Aires”, porque es la única, más allá de antojadizas definiciones o extensiones que remiten a apéndices o anexos de ésta policía de seguridad.
Pareciera que subliminalmente la cotidianeidad de nuestra interacción social, nos indujera a convivir con el ignominioso escenario de la inseguridad y las muertes violentas de conciudadanos indefensos. Y no hay solución a la vista pese a los experimentos sin solución de continuidad que se vienen realizando desde hace años en el laboratorio político. Todo es experimental, todo es prueba y error. No existe el rigor científico para llegar a la verdad porque se parte de premisas falsas, con lo cual los resultados son falsos. Tradicionalmente la política, ha tratado de explicar todos los fenómenos sociales sobre la tierra, en la soberbia de creer que sus dirigentes lo saben todo. Hay cuestiones multicausales que trascienden el razonamiento político, una de ellas es la Seguridad Ciudadana. Para abordarla, es imprescindible partir desde la complejidad social, económica, psicológica, política, cultural y fundamentalmente desde la honestidad que implica tomar distancia de los prejuicios facilistas, ideológicos o partidistas. Es honesto reconocer que estamos frente a una ciencia nueva, poco conocida y muy manoseada en términos psicosociales, que merece un tratamiento interinstitucional. Por un lado la soberbia política y por otro la suficiencia policial nos han hecho creer que el ejercicio delictivo es de fácil resolución; tan simple como crear nuevas policías, incorporar más patrulleros, o incrementar las penas. Falso.
Los doctrinarios sociológicos aún no se han puesto de acuerdo para definir el concepto de control social; unos le dan un carácter amplio que en oportunidades encaja perfectamente con la propia organización social y otros le asignan un sentido más limitado, definiendo o asimilando el control social al ejercicio de normas de cuidado y a la gestión de los derechos de libertad, propiedad y ciudadanía, con respeto por lo diverso y el multiculturalismo.
Para los exponentes de la Escuela Americana, Talcott Parsons y Robert Merton entre otros y para la Escuela Continental Europea, Emile Durkheim o Max Weber, el concepto de control social sugería la idea de un estado de cosas que integraba la sociedad, entre las que estaba la disciplina social, la buena administración del castigo, el monopolio de la violencia a cargo de las agencias del Estado debidamente autorizadas y legitimadas para su ejercicio, de acuerdo a normas predeterminadas, como el derecho penal clásico y las garantías constitucionales, el derecho a cobrar y recaudar impuestos y el deber de tributar.
Las agencias oficiales o privadas encargadas del ejercicio del control social formal o informal, son, entre otras, la escuela, la fábrica, el hospital, el club, las asociaciones de fomento, las ONG, la propia familia y LA POLICÍA. Todas éstas agencias, si bien tienen el deber de administrar disciplina, verificar desvíos y sancionarlos, pautar sobre normas y fines perseguidos, establecer límites, bordes y tolerancias en el umbral del desvío, no es menos cierto que la concepción social adiciona alcances de disciplinamiento social, de integración social.
El resultado, en su faz positiva y progresista, fue el ESTADO DE BIENESTAR y en su faz más perversa, el ESTADO TOTALITARIO o DICTADOR, con la eliminación absoluta del estado de derecho durante el siglo XX, al amparo de diversas modalidades que permitían desde el aparato estatal, solo una idea dominante en forma exclusiva, salvaguardando al Estado antes que al ciudadano, y alterando todo el sistema de defensas y garantías de surge desde la CARTA MAGNA.
Nuestro Estado de la modernidad, es un estado disciplinario, que se asegura el cumplimiento efectivo del contrato social con las variables ideológicas impuestas por quien lo gobierna, y que le asigna a cada segmento social su sentido, construyendo valores y desvalores, y no solo monopolizando la fuerza, el poder público y el fiscal, sino consagrándose como fuente de construcción de funcionalidad, a través de los actores sociales que ocupan los cargos dirigentes y hegemonizan las ideas dominantes y las imprimen mediante procesos de propaganda doctrinaria, disfrazadas de acciones de socialización o normalización, solo con fines deliberados de obtener la legitimidad en el ejercicio del poder, y conservarlo a cualquier precio. Es decir, un estado desnaturalizado donde el control social es una válvula que se abre o se cierra según las circunstancias de las dos corporaciones más poderosas del país; el poder político y el poder económico. Uno necesita del otro de modo que el político construye una base económica y la sostiene para financiar el proyecto ideológico, y el económico aspira a la protección política para seguir creciendo que es su naturaleza.
Pareciera que en ese precio, quedan excluidos de cualquier vigilancia, los grupos de choque amparados en las organizaciones barriales de piqueteros, que responden y son funcionales a los lineamientos ideológicos de sus líderes y éstos a las dádivas del gobierno de turno, que en el mejor de los casos reparte, quedándose con la mejor parte; los medios de prensa, cautivos de las pautas oficiales que los convierten en defensores a ultranza del oficialismo gobernante; una oposición contaminada por los vicios del poder, cuanto menos endeble y desarticulada; la presión tributaria oficial, ejercida con libre albedrío sobre el estrato social que más tributa, la clase media; el IVA y el inmoral impuesto a las ganancias, representan el mayor ingreso en concepto de recaudación netamente fiscalista; los sindicalistas afines y sus métodos coercitivos con la única idea de seguir manejando discrecionalmente las cajas de las obras sociales; los industriales destinatarios de los más importantes contratos de concesión y de obras; los gobernadores timoratos que incluso son obligados a subir las escalinatas de la rosada de rodillas mendigando una mayor coparticipación; los intendentes y así, podríamos seguir la tediosa tarea enumerativa.
El control social entonces, es el conjunto de prácticas, actitudes y valores predeterminados, destinados a mantener el orden establecido en la sociedad; a veces éste se realiza por medios coactivos o violentos y aquí aparece una de las agencias informales más comprometida con dicha tarea; LA POLICÍA. En ella descansa la competencia de prevención, castigo y represión contra el ciudadano. Su función principal es el mantenimiento del orden público y velar por el cumplimiento de las leyes. Es la encargada de ejercer el poder coactivo en nombre del Estado.
No solo es – la policía – un instrumento insustituible de la estructura dedicada al control social que sirve a los dictados del poder; a partir de los años 80 aparece la seguridad ciudadana y se añade la función de vigilancia; es decir, roles indelegables de la instancia policial.
¿Por qué entonces ésta agencia, que debería ser cuidada, perfeccionada y enaltecida, es deliberadamente desnaturalizada y sus hombres maltratados?; ¿por qué se la atomiza?; ¿por qué es destinataria de un control diferencial, empecinado y hostil, que persigue el sometimiento y la esclavitud?; ¿por qué se precariza la especificidad de sus hombres y mujeres?; ¿por qué se mantienen en el tiempo normas escritas y no escritas que justifican el ejercicio del poder arbitrario y despótico por parte del superior político?.
La respuesta es: 1.- Que el Estado desconfía de una policía altamente capacitada, apolítica, honesta e incorruptible, prestigiosa y creíble. Una policía de éstas características se volvería peligrosa porque además de contener el crimen organizado, avanzaría en la vigilancia de otros aspectos políticamente blindados que están dentro de su competencia, en la indelegable tarea del control social y nadie se animaría a desvirtuar la investigación de una organización modelo independientemente de la calidad de los incriminados. Pondría al descubierto absolutamente todo lo que se propusiera. 2.- La inseguridad deviene un gran negocio en pocas manos, militares, policías, políticos y civiles. Una especie de estado paralelo gendarme, que incrementa sus ingresos de manera inversamente proporcional al nivel de seguridad ciudadana.
Hoy, por un lado servimos y por otro lado nos someten para servirse de nosotros.
Es en consecuencia, un Estado expulsor de su propia agencia institucional, a la que debilita en todas sus estructuras en un contexto de falsa democratización, exponiéndola al aniquilamiento social y a la ofensiva letal contra sus recursos humanos por parte de las organizaciones delictivas; que se desinteresa de todos sus problemas y necesidades, que teme, destruye y niega la idea de integración y organización, es decir de la unidad corporativa que construye un nuevo honor fortalecido de cara al futuro; es un estado que produce libertad para algunos y profundo sometimiento para nosotros.
Somos un resto miserable, que no puede gozar de las bondades del sistema de derechos y garantías, solo pensado para los individuos de primera libres, exculpados y amigos del poder, cuando no integrantes del mismo.
Es cierto que la distribución o sistema de reparto del contrato social implica necesariamente un centro de imposición normativa, de ejercicio del poder, del control y la dominación, y un margen, un borde, donde quedan fuera de sus efectos benéficos buena porción de la población, es decir, la desigualdad de los marginados. La ideal del contrato social argentino lleva impresa en si misma la selectividad social, un régimen de visibilidad, de diferenciación en la calidad de los ciudadanos; unos – como expresáramos -son absolutos de primera, otros relativos de segunda. La consideración social, con la complicidad política ha situado a LA POLICÍA en ésta última categoría. Integramos ese universo miserable en una constante de dominación, servilismo y manipulación.
Por ello no me extraña que a través del tiempo se siga manteniendo el estado de excepcionalidad con la declaración del estado de emergencia de la seguridad, el sostenimiento de la precarización laboral, la miseria en los sueldos, la inestabilidad y la manipulación individual y colectiva como herramientas aptas para el disciplinamiento que conduce al estado de necesidad; por ello no me extraña que nada de lo hecho hasta ahora por la gestión de Granados haya sido seriamente cuestionado cuando sobran los motivos; por ello no me extraña que el Ejecutivo tenga un interés funcional al Estado Nacional en la creación de las policías comunales, tratando de licuar responsabilidades; por ello no me extraña que el Ministro de Seguridad haya convocado al personal en retiro activo nuevamente a la función en respuesta al humor social, recurso de dudosa efectividad; como tampoco me extraña que algunas actitudes del Gobernador y el Ministro del área nos hayan inducido al error conceptual de hacernos creer que no serían más de lo mismo.
Lo cierto es que estamos cautivos de los acuerdos de cúpulas políticas partidistas y nada de lo que soñemos, en términos de reconciliación y eficacia institucional, será posible. No seamos ingenuos, en el ámbito de la política subyacen los acuerdos de gobernabilidad cerrados a espaldas del pueblo y sus instituciones, de modo que así seguiremos estando, a expensas de los berrinches de dinosaurios políticos, porque como todos sabemos, en el ámbito de la política nadie se retira ni se jubila; de la muerte biológica natural no se vuelve, de la muerte política, sí.
Aun así, conscientes o inconscientemente y ante la indiferencia social, seguiremos dando vidas en la consolidación y perfeccionamiento de ésta bienvenida democracia, cumpliendo lo mejor que podamos nuestra misión específica, aunque estemos rodeados de fósiles dirigentes; y ¿saben por qué?, porque nuestro compromiso social ha sido internalizado por nuestras consciencias en un proceso cognitivo personalísimo, fundado en la ética del interés general y no en los objetivos de poder, en cuya construcción la ética y la moral son incompatibles, salvo raras excepciones que he tenido la suerte de conocer.
Dos cosas están muy claras, una: la Policía de la Provincia de Buenos Aires, es lo que el Gobernador de turno quiere que sea y segunda, un destino de grandeza excede la transitoriedad del jefe político y su entorno que pasan – ojalá sea por siempre – y se van, pero requiere de una condición “sine quanon”; y es que esa voluntad revolucionaria se instale definitivamente como una especie de ideología rectora de la doctrina policíaca en el honor de las mayorías, como no ha ocurrido hasta ahora. Es hora de entender que el cambio finalmente debe operar desde nosotros hacia el contexto social sin esperar señales del gobierno en éste sentido, y cuando ocurra, es posible que la sociedad deba revisar sus principios ciudadanos para estar a la altura de un modelo de organización ejemplar.
Hugo Alberto Vaccarezza
Crio. Mayor (RA)
