Según los análisis de la documentación existente en el Concejo Deliberante, en la cual aparecen las condiciones bajo las cuales se ha formalizado un convenio para instrumentar un sistema de fotomultas con diez años de duración, eludiendo las normas previstas en la Ley Orgánica de las Municipalidades en plena vigencia, surgen evidencias que la iniciativa cuenta con insalvables aspectos que configuran claramente caer en el incumplimiento de requisitos expresamente enunciados en la misma.
El convenio fue elaborado en conjunto y con el aval del Observatorio de Seguridad Vial. Ignora el señor intendente que el Observatorio Vial depende de la Subsecretaría de Movilidad Urbana y que el funcionario municipal a cargo de esta área es docente de la UNSAM, circunstancia esta que vuelve en un acto nulo lo actuado por cuanto el artículo 6° de la Ley Orgánica Municipal establece: No se admitirán como miembros de la Municipalidad:
1.- Los que no tengan capacidad para ser electores.
2.- Los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la Municipalidad sea parte.
Como reflexión final cabe señalar que atento a los vicios de procedimiento en la implementación del convenio en cuestión y a las estimaciones realizadas respecto del probable e importante monto de la recaudación anual, del sistema que se pretende implementar, surgen de inmediato serias dudas respecto de la poca transparencia de la gestión realizada.
En su discurso, el jefe comunal sostuvo que: “si hablamos de una ciudad ordenada y segura, la seguridad vial es fundamental.
Venimos realizando intervenciones urbanas, y operativos de control de forma permanente pero dinámica y hemos secuestrado autos y motos por falta de documentación, o documentación apócrifa, o por la falta de uso de casco”.
El jefe comunal argumenta en favor del proyecto de convenio con la UNSAM acciones en materia de control del tránsito que nada tienen que ver con la discusión respecto del encuadre técnico-jurídico que tiene el mismo. Lo argumentado respecto de intervenciones urbanas y operativos de control tienen encuadre en las misiones y funciones del área de policía de tránsito y no tienen nada que ver con los objetivos del convenio cuya convalidación se propicia.
En otro párrafo manifestó: Necesitamos implementar otra serie de herramientas que nos van a permitir cuidar aún más la vida de los vecinos, y tener un espacio público cada vez más ordenado”.
Se coincide con el objetivo de profundo contenido social pero el señor intendente olvida el municipio cuenta con los instrumentos, ordenanzas y estructura orgánica necesaria para un accionar más amplio y con buenos resultados en materia de reducción de la siniestralidad vial.
Cabe manifestar que el municipio cuenta con la ordenanza 8797/92 y su modificatoria 24.318 por la cual se crea en el HCD, una Comisión de Seguridad Vial que funciona desde hace dos años. Además omite manifestar que el municipio cuenta dentro de su estructura orgánica, dependiendo de la Subsecretaría de Movilidad Urbana el Observatorio Vial cuyas misiones y funciones son las que se pretende otorgar mediante el convenio en cuestión a la Universidad Nacional de San Martín.
El Observatorio Vial funciona desde hace unos 14 años y la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es el balance de la gestión de dicha dependencia en materia de la sistematización informática de los accidentes de tránsito en el ámbito municipal, su estudio y elaboración de diagnósticos que hayan permitido elaborar políticas en materia de seguridad vial.?
En otro párrafo el intendente Montenegro manifiesta: Estamos pensando en un sistema que funciona en el mundo y que salva vidas”. Correcta la afirmación pero cabe preguntar: ¿porque concurrir con un convenio que tiene poca transparencia a la Universidad Nacional de San Martín cuando el municipio cuenta con las herramientas administrativas y estructura orgánica necesaria para cumplir con dicho objetivo? Cabe preguntar nuevamente:¿qué hicieron los funcionarios del área durante estos últimos 14 años?
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