Desde la Municipalidad de Tandil se emitió un comunicado en el cual se brindan precisiones sobre un trágico hecho ocurrido y que tuvo involucrado a un funcionario del elenco jerárquico municipal, quien fue cesanteado. No obstante el avance de la investigación municipal, una activista política, Griselda Itatí Altamirano, ha producido una serie de hechos que ha merecido el repudio por los destrozos producidos en el edificio de la Municipalidad de Tandil, llevando adelante cortes de tránsito en la vía pública y organizando una mal denominada “Marcha contra la Impunidad”.
El texto completo es el siguiente:
Seamos claros.
Ante el anuncio de una nueva marcha para pedir justicia por el fallecimiento del joven Jorge Sebastián Simón y los continuos embates calumniosos e injuriosos que públicamente lleva a cabo la dirigente social de la Agrupación 1° de Octubre, señora Griselda Itatí Altamirano, surge la lamentable necesidad de exponer públicamente ante la comunidad tandilense y de alrededores, la situación real en el marco de la cual se inicia ahora la mal denominada “Marcha contra la Impunidad”.
En primer lugar, cabe señalar que el ex funcionario municipal imputado por el trágico suceso, no se encontraba al momento del hecho en funciones propias del cargo que ostentaba. En razón de ello, la responsabilidad que eventualmente le corresponda, lo será en carácter propio, personal, y no vinculado al Estado municipal.
En segundo lugar, las comunicaciones existentes entre el chofer del Intendente y el ex funcionario involucrado en los hechos, ya fueron expuestas en la causa judicial en trámite, con total transparencia y aclaradas detalladamente. No existió ninguna maniobra de encubrimiento ni cosa similar; por el contrario, impuesto del hecho, el consejo del señor Roberto Pérez al ex funcionario fue que se ponga a disposición de la Justicia y así ocurrió.
En tercer lugar, al momento de informársele la novedad al Intendente comunal, el joven Simón aún se encontraba internado en el Hospital y el señor Jaureguiber ya había sido aconsejado de su presentación ante la policía. Razón por la cual, ante el desconocimiento del hecho, y la voluntad del presunto responsable de ponerse a disposición de la justicia, nada tenía hasta ese momento que denunciar el Intendente, quien ningún detalle de lo ocurrido conocía.
En cuarto lugar, el primer acto de gobierno del primer día hábil luego del fallecimiento del joven Simón, fue aceptar la renuncia al cargo del señor Jaureguiber.
En quinto lugar, la Justicia actuó a tiempo. El fiscal solicitó la detención del señor Jaureguiber y la jueza de Garantías hizo lugar a lo requerido; rechazando el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Jaureguiber.
En sexto lugar, en muy pocos días la Cámara de Apelaciones Departamental confirmó el pronunciamiento de la Jueza de Garantías, rechazando el recurso de apelación intentado por la representación de Jaureguiber. Y cabe señalar que lo hizo en tiempos muchísimo más breves a los que venía pronunciándose.
Entonces; ¿a qué impunidad pretende referir la marcha?.
Si ahora vuelve a apelar la defensa de Jaureguiber, será el Tribunal de Casación quien deba resolver sobre la detención del imputado.
Cabe preguntarse entonces; ¿debe la comunidad tandilenses y todo el que visita nuestra ciudad, tolerar los cortes de calle, la destrucción de los bienes públicos, la ocupación de los espacios públicos? ¿Debe el señor Intendente municipal tolerar que sea tildado de encubridor de un hecho del cual no participó ni supo con certeza hasta tiempo después de que el señor Jaureguiber ya se había puesto a disposición de la Justicia? ¿Debe su colaborador, el señor Pérez y su familia, tolerar las acusaciones calumniosas en idéntico sentido?
La Justicia ha actuado con la independencia que le corresponde. Nada ha hecho el Gobierno comunal, ni sus funcionarios, más que tolerar las permanentes agresiones y embates de la Agrupación 1° de Octubre y su líder Griselda Itatí Altamirano. Y lo ha hecho porque entiende el dolor de una familia destruida por la pérdida de la vida de un joven de 19 años.
Consecuentemente, no existe razón alguna, al menos no de índole loable, aceptable y tolerable, para permitir que la señora Altamirano, y la agrupación que lidera, tilden una y otra vez al Intendente municipal y a sus colaboradores de encubridores de un delito, ni de ninguna de las barbaridades que ha osado decir públicamente, ahora sí, hasta estos tiempos “impunemente”.
Todos deseamos y esperamos que se haga Justicia. La Justicia que la ley marca, no la que un grupo pretende con violencia, amenazas, modos extorsivos, y dichos calumniosos e injuriosos. Eso no es Justicia. Eso esconde otros intereses mezquinos, de quien aprovecha una desgracia como la vivida para fines personales.
La comunidad de Tandil no merece calles cortadas, veredas tomadas, edificios destruidos, por un grupo violento y desinteresado por la cosa pública, que pretende actuar al margen de la ley.
